La próxima entrada en vigencia del reglamento de la ley conocida como “ley Uber” ha dado pie a una serie de críticas y advertencias sobre los efectos que éste podría tener. El texto comprende requisitos técnicos y operativos para quienes prestan servicios a través de aplicaciones de transporte. Entre otras cosas, exige a los vehículos una cilindrada mínima de 1,4 litros y estipula una antigüedad máxima de siete años para aquellos que se inscriban dentro de los primeros seis meses de la entrada en vigencia del reglamento, y establece que tras ese plazo sólo podrán inscribirse vehículos nuevos. Además, exige a los conductores tener licencia clase A.
Las empresas de aplicaciones de transporte han desplegado un intenso lobby y una ofensiva comunicacional advirtiendo sobre el impacto que el reglamento tal como se conoce podría tener tanto para clientes y para trabajadores. Como lo abordamos hace unas semanas en otro episodio de este podcast, también desde la academia han surgido voces críticas al reglamento. Hace unos días, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales comunicó que según su análisis la entrada en vigencia del reglamento -al menos según el borrador conocido en septiembre- afectaría el trabajo de casi 36 mil conductores, siendo un poco más de la mitad de nacionalidad chilena. El reporte indica que con esto la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales.
También desde la academia, otros investigadores se han dedicado a estudiar el funcionamiento de estas empresas de transporte de personas y mercancía que operan a través de plataformas digitales, particularmente en cuanto a la relación con sus conductores. El proyecto Fairwork, nacido al alero de la Universidad de Oxford, ha estudiado el impacto de estas tecnologías en el panorama laboral de todo el mundo, y sus investigadores asociados en Chile han hecho lo propio en nuestro país. Entre otras cosas, han concluido que estas empresas generan un trabajo caracterizado por la precarización laboral y por la opacidad de su información, donde la asimetría opera siempre en desmedro de los conductores. Una discusión sin incorporar esta dimensión del problema, plantean, es insuficiente para hacerse cargo de los desafíos que la irrupción de este tipo de trabajos plantean para los países.
En el capítulo de hoy abordamos este tema con el sociólogo Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador de Fairwork Chile y del Núcleo Milenio Sobre la Evolución del Trabajo.
La próxima entrada en vigencia del reglamento de la ley conocida como “ley Uber” ha dado pie a una serie de críticas y advertencias sobre los efectos que éste podría tener. El texto comprende requisitos técnicos y operativos para quienes prestan servicios a través de aplicaciones de transporte. Entre otras cosas, exige a los vehículos una cilindrada mínima de 1,4 litros y estipula una antigüedad máxima de siete años para aquellos que se inscriban dentro de los primeros seis meses de la entrada en vigencia del reglamento, y establece que tras ese plazo sólo podrán inscribirse vehículos nuevos. Además, exige a los conductores tener licencia clase A.
Las empresas de aplicaciones de transporte han desplegado un intenso lobby y una ofensiva comunicacional advirtiendo sobre el impacto que el reglamento tal como se conoce podría tener tanto para clientes y para trabajadores. Como lo abordamos hace unas semanas en otro episodio de este podcast, también desde la academia han surgido voces críticas al reglamento. Hace unos días, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales comunicó que según su análisis la entrada en vigencia del reglamento -al menos según el borrador conocido en septiembre- afectaría el trabajo de casi 36 mil conductores, siendo un poco más de la mitad de nacionalidad chilena. El reporte indica que con esto la tasa de desempleo agregada subiría en 0,4 puntos porcentuales.
También desde la academia, otros investigadores se han dedicado a estudiar el funcionamiento de estas empresas de transporte de personas y mercancía que operan a través de plataformas digitales, particularmente en cuanto a la relación con sus conductores. El proyecto Fairwork, nacido al alero de la Universidad de Oxford, ha estudiado el impacto de estas tecnologías en el panorama laboral de todo el mundo, y sus investigadores asociados en Chile han hecho lo propio en nuestro país. Entre otras cosas, han concluido que estas empresas generan un trabajo caracterizado por la precarización laboral y por la opacidad de su información, donde la asimetría opera siempre en desmedro de los conductores. Una discusión sin incorporar esta dimensión del problema, plantean, es insuficiente para hacerse cargo de los desafíos que la irrupción de este tipo de trabajos plantean para los países.
En el capítulo de hoy abordamos este tema con el sociólogo Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador de Fairwork Chile y del Núcleo Milenio Sobre la Evolución del Trabajo.