La primera semana del año ha estado marcada por un anuncio que sorprendió a muchos, partiendo por el gobierno y Carabineros, a quienes la noticia golpea particularmente. La Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al General Director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez como autor del delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio desde la fecha del estallido social, el 18 de octubre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. En ese momento, el general Yáñez se desempeñaba como Director de Orden y Seguridad de la institución. Junto al ahora general Director, serán formalizados también su antecesor, Mario Rozas -quien dejó Carabineros justamente a causa del estallido social- y el también general en retiro, el ex subdirector Diego Olate. El miércoles, La Tercera PM dio a conocer la información, sobre la cual aparentemente el gobierno había sido puesto sobre aviso, a juzgar por las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien dijo que el ejecutivo esperaría a la formalización para “tomar una decisión”, algo que instaló la duda sobre la continuidad de Yáñez al mando de Carabineros.
Por la tarde de ayer se conoció la fecha de esa audiencia: el próximo 7 de mayo.
El mismo miércoles se supo que la defensa de Yáñez había solicitado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilitación de la fiscal que lleva la causa, Ximena Chong, y de su superior, el Fiscal Centro Norte Metropolitano, Xavier Armendáriz, bajo el argumento de que éstos habrían manifestado su animadversión a la persona de Yañez y a la institución de Carabineros. Con esa decisión aún pendiente, la revelación de un mensaje interno del Ministerio Público donde el Fiscal Valencia establecía el orden de subrogancia de su cargo en la institución, y donde llamaba la atención la exclusión de Armendáriz, fue interpretado como una pérdida de confianza hacia el Fiscal Regional y tensionó el ambiente interno en el Ministerio Público.
Ahora, en medio de la crisis de seguridad que ha marcado la agenda en las últimas semanas, el gobierno se enfrenta al incómodo escenario de trabajar con un general director cuya formalización es inminente.
¿Cómo se llegó a este punto y en qué pie quedan la Fiscalía, Carabineros y el gobierno? Lo conversamos con la periodista de La Tercera que ha liderado esta cobertura, Leslie Ayala.
La primera semana del año ha estado marcada por un anuncio que sorprendió a muchos, partiendo por el gobierno y Carabineros, a quienes la noticia golpea particularmente. La Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al General Director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez como autor del delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio desde la fecha del estallido social, el 18 de octubre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. En ese momento, el general Yáñez se desempeñaba como Director de Orden y Seguridad de la institución. Junto al ahora general Director, serán formalizados también su antecesor, Mario Rozas -quien dejó Carabineros justamente a causa del estallido social- y el también general en retiro, el ex subdirector Diego Olate. El miércoles, La Tercera PM dio a conocer la información, sobre la cual aparentemente el gobierno había sido puesto sobre aviso, a juzgar por las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien dijo que el ejecutivo esperaría a la formalización para “tomar una decisión”, algo que instaló la duda sobre la continuidad de Yáñez al mando de Carabineros.
Por la tarde de ayer se conoció la fecha de esa audiencia: el próximo 7 de mayo.
El mismo miércoles se supo que la defensa de Yáñez había solicitado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilitación de la fiscal que lleva la causa, Ximena Chong, y de su superior, el Fiscal Centro Norte Metropolitano, Xavier Armendáriz, bajo el argumento de que éstos habrían manifestado su animadversión a la persona de Yañez y a la institución de Carabineros. Con esa decisión aún pendiente, la revelación de un mensaje interno del Ministerio Público donde el Fiscal Valencia establecía el orden de subrogancia de su cargo en la institución, y donde llamaba la atención la exclusión de Armendáriz, fue interpretado como una pérdida de confianza hacia el Fiscal Regional y tensionó el ambiente interno en el Ministerio Público.
Ahora, en medio de la crisis de seguridad que ha marcado la agenda en las últimas semanas, el gobierno se enfrenta al incómodo escenario de trabajar con un general director cuya formalización es inminente.
¿Cómo se llegó a este punto y en qué pie quedan la Fiscalía, Carabineros y el gobierno? Lo conversamos con la periodista de La Tercera que ha liderado esta cobertura, Leslie Ayala.