Hace unas semanas, el estallido de violencia criminal en Ecuador no sólo impactó a todo el continente, sino que se transformó también en una potente advertencia. La acción de las bandas de crimen organizado, particularmente las ligadas al narcotráfico internacional, se manifestó con toda su fuerza desde las cárceles, lugares que se revelaron como verdaderos cuarteles generales de esos grupos; lugares donde el Estado ecuatoriano perdió el control y donde durante semanas los reclusos mantuvieron a decenas de oficiales penitenciarios como rehenes.
Prontamente las autoridades chilenas salieron a aclarar que Chile está lejos de tener el nivel de violencia que registra Ecuador. Sin embargo, el reconocimiento de que el problema puede escalar en poco tiempo -como sucedió en ese país- si no se toman las medidas adecuadas, parece transversal.
En Chile, donde el hacinamiento en el sistema penitenciario es un problema desde hace mucho tiempo, la población penal ha aumentado aceleradamente. Se calcula que en 18 meses se pasó de 39.000 a 53.000 personas privadas de libertad.
Además, los presos extranjeros, muchos de los cuales están ligados a las bandas internacionales de crimen organizado que son parte importante de la crisis de seguridad en el país, también han crecido rápidamente. Y particularmente en ciertas regiones: a nivel país son un 14% de la población penal, pero en el Norte Grande ya son un 45%. En Tarapacá, son más del 50%. A ello se suma otro factor relevante: los grupos extranjeros han traído consigo modos de acción y delitos más violentos. Las denuncias por extorsión han aumentado drásticamente, y los funcionarios penitenciarios lidian con amenazas constantemente. A mediados de enero, éstas tomaron otro cariz al involucrar al ministro de justicia, cuando una camioneta lanzó decenas de panfletos en las afueras de la ex Cárcel de Alta Seguridad con la foto del ministro Luis Cordero junto a las del director Nacional de Gendarmería y de la alcaide de ese recinto, con la imagen de pistolas apuntándoles. Esto motivó una denuncia y una investigación que hoy conduce la Fiscalía de Alta Complejidad.
Son síntomas de un problema que llama a la acción.
Como recordó el propio presidente Boric en su cuenta pública de junio pasado, en Chile no se construyen nuevas cárceles desde el año 2012. El mandatario anunció en esa oportunidad que su administración aumentará en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, por la vía de la ampliación de recintos existentes o la construcción de nuevas cárceles.
Sin embargo, las autoridades y especialistas coinciden en que este no se trata sólo de un problema de hacinamiento.
La peligrosidad y el poder económico de las bandas criminales que operan en el país, dentro y fuera de las cárceles, pone en jaque a todo el sistema, y dejar de ver eso es una receta para el desastre.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, conversa hoy con nosotros sobre el estado de las cosas en el sistema carcelario chileno, explica la consulta que hizo el presidente Boric al respecto después de que explotara la crisis en Ecuador e identifica los principales desafíos en ese frente en la lucha contra el crimen organizado.
Antes, escucharemos una conversación con el Comandante Mario Benítez, Segundo Director de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, para conocer la visión del problema desde quienes están en la primera línea de ese combate: los gendarmes.
Hace unas semanas, el estallido de violencia criminal en Ecuador no sólo impactó a todo el continente, sino que se transformó también en una potente advertencia. La acción de las bandas de crimen organizado, particularmente las ligadas al narcotráfico internacional, se manifestó con toda su fuerza desde las cárceles, lugares que se revelaron como verdaderos cuarteles generales de esos grupos; lugares donde el Estado ecuatoriano perdió el control y donde durante semanas los reclusos mantuvieron a decenas de oficiales penitenciarios como rehenes.
Prontamente las autoridades chilenas salieron a aclarar que Chile está lejos de tener el nivel de violencia que registra Ecuador. Sin embargo, el reconocimiento de que el problema puede escalar en poco tiempo -como sucedió en ese país- si no se toman las medidas adecuadas, parece transversal.
En Chile, donde el hacinamiento en el sistema penitenciario es un problema desde hace mucho tiempo, la población penal ha aumentado aceleradamente. Se calcula que en 18 meses se pasó de 39.000 a 53.000 personas privadas de libertad.
Además, los presos extranjeros, muchos de los cuales están ligados a las bandas internacionales de crimen organizado que son parte importante de la crisis de seguridad en el país, también han crecido rápidamente. Y particularmente en ciertas regiones: a nivel país son un 14% de la población penal, pero en el Norte Grande ya son un 45%. En Tarapacá, son más del 50%. A ello se suma otro factor relevante: los grupos extranjeros han traído consigo modos de acción y delitos más violentos. Las denuncias por extorsión han aumentado drásticamente, y los funcionarios penitenciarios lidian con amenazas constantemente. A mediados de enero, éstas tomaron otro cariz al involucrar al ministro de justicia, cuando una camioneta lanzó decenas de panfletos en las afueras de la ex Cárcel de Alta Seguridad con la foto del ministro Luis Cordero junto a las del director Nacional de Gendarmería y de la alcaide de ese recinto, con la imagen de pistolas apuntándoles. Esto motivó una denuncia y una investigación que hoy conduce la Fiscalía de Alta Complejidad.
Son síntomas de un problema que llama a la acción.
Como recordó el propio presidente Boric en su cuenta pública de junio pasado, en Chile no se construyen nuevas cárceles desde el año 2012. El mandatario anunció en esa oportunidad que su administración aumentará en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, por la vía de la ampliación de recintos existentes o la construcción de nuevas cárceles.
Sin embargo, las autoridades y especialistas coinciden en que este no se trata sólo de un problema de hacinamiento.
La peligrosidad y el poder económico de las bandas criminales que operan en el país, dentro y fuera de las cárceles, pone en jaque a todo el sistema, y dejar de ver eso es una receta para el desastre.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, conversa hoy con nosotros sobre el estado de las cosas en el sistema carcelario chileno, explica la consulta que hizo el presidente Boric al respecto después de que explotara la crisis en Ecuador e identifica los principales desafíos en ese frente en la lucha contra el crimen organizado.
Antes, escucharemos una conversación con el Comandante Mario Benítez, Segundo Director de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, para conocer la visión del problema desde quienes están en la primera línea de ese combate: los gendarmes.